La posibilidad de que el Gobierno declare un estado de excepción cobró fuerza en Bolivia luego de que el Senado aprobara un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 para el uso de fuerzas de seguridad en conflictos internos.
La iniciativa será debatida ahora en la Cámara de Diputados, en medio de la cuarta semana consecutiva de bloqueos y protestas que afectan principalmente a La Paz y El Alto, donde persisten problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
El proyecto busca abrogar la denominada “ley Eva Copa”, aprobada durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, norma que reglamenta artículos de la Constitución relacionados con el estado de excepción y limita el despliegue de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales.
El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, impulsor de la propuesta, sostuvo que la actual legislación restringe la capacidad del Gobierno para aplicar medidas de seguridad ante situaciones de convulsión interna.
Según explicó, la normativa vigente otorga al Legislativo facultades para revisar y modificar las decisiones asumidas por el Ejecutivo durante un estado de excepción, aspecto que considera una limitación operativa frente a escenarios de crisis.
La Constitución boliviana, en su artículo 137, permite declarar el estado de excepción en todo o parte del territorio nacional cuando existan situaciones de conmoción interna. Sin embargo, también establece que no pueden suspenderse garantías ni derechos fundamentales.
La normativa constitucional tampoco determina que la declaratoria implique automáticamente la participación de las Fuerzas Armadas, ya que esa decisión dependería de la evaluación que realice el Gobierno sobre cada conflicto.
Desde sectores oficialistas y organizaciones sociales surgieron críticas al proyecto aprobado por el Senado. La Vicepresidencia y la Central Obrera Boliviana (COB) rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre posibles riesgos para los derechos humanos.
En un pronunciamiento público, la Vicepresidencia señaló que la ley aprobada en 2020 fue creada para evitar el uso de armas letales durante conflictos sociales, en referencia a los hechos de violencia registrados en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.
El debate legislativo se desarrolla mientras continúan las movilizaciones, marchas y bloqueos impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, situación que mantiene en tensión al país y agrava el escenario económico y social en varias regiones.