El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó este martes la respuesta del Gobierno frente a los bloqueos que afectan al país y lamentó que, después de más de 40 días de conflicto, aún no se haya declarado un estado de excepción.
El dirigente cívico sostuvo que el Ejecutivo agotó los plazos que había planteado para encontrar una solución a la crisis y afirmó que la población continúa enfrentando las consecuencias de las medidas de presión sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
“Es lamentable que a más de 40 días todavía no salga un estado de excepción. Le exigimos al Gobierno que actúe de una vez por todas. Son el Estado y tienen la responsabilidad de defender a los ciudadanos”, manifestó.
Cochamanidis también planteó la creación de un centro de comando nacional para enfrentar la crisis, encabezado por el presidente del Estado junto a los ministros de Defensa y de Gobierno, con el objetivo de coordinar acciones y restablecer la libre circulación en las carreteras.
Según el líder cívico, la falta de una estrategia unificada ha generado descoordinación entre las distintas autoridades encargadas de atender el conflicto.
“Debe existir un comando que dirija estas operaciones. No puede estar un ministro por un lado y otro por otro. La cabeza de esta situación tiene que ser el presidente del Estado”, señaló.
En el ámbito económico, Cochamanidis advirtió que los bloqueos continúan generando graves perjuicios para los sectores productivos y comerciales, especialmente en Santa Cruz, donde productores y transportistas enfrentan dificultades para movilizar mercancías y abastecer los mercados.
Asimismo, indicó que las pérdidas acumuladas durante más de 40 días de conflicto superan los 2.000 millones de dólares, según estimaciones de sectores económicos, y alertó sobre el riesgo de desabastecimiento de algunos productos si la situación persiste.
El dirigente concluyó reiterando su pedido para que el Gobierno asuma medidas inmediatas y garantice el libre tránsito en las rutas nacionales, con el fin de evitar mayores perjuicios a la economía y a la población.