La Fiscalía Departamental de La Paz informó que abrió 120 procesos penales relacionados con los hechos registrados durante los 50 días de conflictos y bloqueos, periodo en el que también investiga la muerte de cinco personas presuntamente vinculadas a hechos de violencia o a la imposibilidad de acceder a atención médica debido a los cortes de carreteras.
El fiscal departamental, Luis Tórrez, explicó que las investigaciones abarcan hechos ocurridos entre el 13 de mayo y el 20 de junio. Del total de casos, 17 fueron iniciados de oficio, mientras que las pesquisas alcanzan a 323 personas.
Según el reporte oficial, inicialmente fueron arrestadas 154 personas y otras 157 quedaron aprehendidas. De ellas, 150 comparecieron ante un juez, mientras que 22 cumplen detención preventiva en el marco de las investigaciones.
Los procesos incluyen delitos como terrorismo, homicidio culposo, destrucción de bienes del Estado, instigación pública a delinquir, atentados contra el Presidente, tenencia ilegal de armas, legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa y lesiones, entre otros.
Entre los casos que investiga el Ministerio Público figuran las muertes de Anna Emms, ciudadana de Belice que no logró llegar oportunamente a un centro de salud debido a los bloqueos; Jhelly Villanueva y Ana Gabriela Mayta, cuyos fallecimientos también son analizados por posibles demoras en la atención médica, además de Víctor Cruz Mamani, quien perdió la vida tras recibir un impacto de arma de fuego.
La Fiscalía también mantiene investigaciones por agresiones a trabajadores de la prensa y por un presunto financiamiento ilegal de las movilizaciones. En una de esas causas fueron secuestrados Bs 4 millones cuyo origen no pudo ser justificado, mientras que en distintos operativos se incautaron más de Bs 10 millones.
Las investigaciones alcanzan además a dirigentes sindicales como Mario Argollo y Vicente Salazar, denunciados por terrorismo por el Ministerio de Gobierno, así como al senador Nilton Condori, señalado por la firma de un acuerdo con organizaciones sociales durante el conflicto. No obstante, las órdenes de aprehensión contra Argollo y Salazar fueron posteriormente anuladas por decisión judicial.
Por otra parte, la Gobernación de Santa Cruz rechazó que el acuerdo alcanzado para levantar el bloqueo en San Julián incluyera la liberación de personas procesadas por los enfrentamientos registrados durante esa movilización. El portavoz Rolando Schrupp afirmó que la administración departamental no tiene competencias sobre decisiones judiciales y señaló que la participación del gobernador se limitó a facilitar el diálogo y realizar gestiones ante la Fiscalía.