La tensión entre el Órgano Judicial y el Gobierno nacional se profundizó luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, advirtiera con un paro escalonado si no son atendidas las demandas relacionadas con presupuesto y condiciones de funcionamiento de los tribunales del país.
La posición fue asumida tras una reunión nacional de magistrados, jueces y vocales realizada en Sucre, donde las autoridades judiciales se declararon en emergencia y otorgaron un plazo de 20 días al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para responder a sus requerimientos.
Saucedo afirmó que actualmente la Justicia recibe apenas el 0,35% del Presupuesto General del Estado, situación que, según señaló, limita el trabajo de los tribunales, agrava la retardación de causas y obliga a muchos jueces a desempeñar sus funciones con equipamiento insuficiente o en condiciones precarias.
Además de una mayor asignación presupuestaria, el Órgano Judicial exige que la Asamblea trate los proyectos de ley presentados por esta institución y solicitó que el presidente Rodrigo Paz y su gabinete sostengan una reunión en Sucre para abordar la problemática.
De no existir una respuesta favorable, el TSJ anunció que se aplicarán medidas progresivas que comenzarían con un paro de 24 horas, seguido por suspensiones de 48 y 72 horas, hasta llegar a una eventual paralización indefinida.
Por su parte, el vocero presidencial José Luis Gálvez rechazó la posibilidad de una suspensión de actividades judiciales y calificó la advertencia como una medida sin precedentes.
La autoridad sostuvo que cualquier paralización afectaría directamente a miles de ciudadanos que dependen de los servicios judiciales para resolver procesos civiles, penales, familiares y laborales.
Gálvez aseguró que el Gobierno está dispuesto a dialogar sobre las demandas económicas del sector, pese al contexto de restricciones presupuestarias, pero remarcó que el debate también debe incluir una reforma estructural del sistema judicial.
Según el vocero, el fortalecimiento de la justicia no puede limitarse únicamente al incremento de recursos, sino que debe incorporar cambios orientados a mejorar la eficiencia, la transparencia y la atención a la ciudadanía.