El Gobierno aseguró que las consecuencias de los 53 días de bloqueos de carreteras aún repercuten en la economía nacional y ratificó que las investigaciones por los hechos registrados durante las movilizaciones continuarán sin que exista impunidad para los presuntos responsables.
El pronunciamiento fue realizado por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien afirmó que las medidas de presión provocaron dificultades en el abastecimiento de alimentos, el suministro de combustibles y la circulación de ambulancias, generando un escenario que calificó como una emergencia económica para el país.
Las declaraciones surgen luego de que la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari se declarara en estado de emergencia tras la aprehensión de su secretario ejecutivo, Vicente Salazar Limachi, investigado por presuntos delitos relacionados con la organización de los bloqueos registrados entre mayo y junio.
La autoridad remarcó que el derecho a la protesta está garantizado; sin embargo, sostuvo que el bloqueo de carreteras constituye una acción que afecta a la población y debe ser investigada conforme a la normativa vigente. En ese sentido, indicó que será el Ministerio Público y la Justicia los encargados de definir la situación jurídica del dirigente.
Mientras avanzan las investigaciones, el Ejecutivo reiteró que las acciones asumidas buscan establecer responsabilidades por las afectaciones ocasionadas durante las movilizaciones, insistiendo en que los procesos se desarrollarán respetando el debido proceso y las garantías legales.
En paralelo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) informó días atrás la expulsión de tres dirigentes y el inicio de procesos disciplinarios contra otros representantes, a quienes acusa de respaldar los bloqueos sin autorización de la dirigencia nacional.