El diputado de Libre, Armin Lluta, volvió a poner en debate la legalización de vehículos indocumentados al asegurar que, en las zonas rurales, los campesinos recurren a los llamados autos chutos porque no tienen recursos para adquirir motorizados legalmente importados.
“Un campesino no puede comprarse un auto legal. Las empresas venden vehículos de 60.000 o 70.000 dólares que un campesino no puede pagar. Por eso recurre a un auto sin papeles”, afirmó el legislador.
Lluta respaldó el anteproyecto presentado por el diputado Reynaldo Seas, que propone nacionalizar los vehículos ingresados al país hasta el 31 de mayo de este año, mediante un proceso de verificación de procedencia y regularización documental.
La iniciativa estima que alrededor de 500.000 vehículos podrían acogerse al proceso y plantea que el Estado recaude cerca de 1.000 millones de dólares por concepto de nacionalización.
El diputado sostuvo que la medida también busca brindar seguridad jurídica a los propietarios y garantizar que estos vehículos puedan acceder al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
“En Los Yungas prácticamente no hay autos legales. Cuando ocurre un accidente, esos vehículos no tienen seguro y eso perjudica a todos”, argumentó.
La propuesta ha generado posiciones divididas. Mientras algunos legisladores apoyan su tratamiento, otros rechazan la regularización por considerar que incentivaría el contrabando. En el Gobierno también existen criterios encontrados: los ministerios de Economía y Obras Públicas plantearon analizar la iniciativa, mientras que el Ministerio de la Presidencia expresó su rechazo.
Según Lluta, el proyecto no pretende incentivar el ingreso de más vehículos ilegales, ya que solo podrán acogerse a la nacionalización aquellos que hayan ingresado al país antes del 31 de mayo, fecha que serviría como límite definitivo para el proceso.