El tratamiento del Proyecto de Ley 425, que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, enfrenta un nuevo obstáculo en el Senado luego de que la bancada de Libre anunciara que pedirá cambios antes de respaldar su aprobación.
La principal observación apunta a la incorporación de la propuesta del 50/50, impulsada por siete gobernaciones, que plantea una distribución más equitativa de los recursos públicos entre el Gobierno central y las entidades subnacionales.
La jefa de bancada de Libre, Tomasa Yarhui, afirmó que el proyecto mantiene prácticamente la misma estructura presupuestaria heredada de la gestión anterior y cuestionó que no contemple una mayor asignación de recursos para gobernaciones y municipios.
Además del 50/50, la bancada opositora observa el mantenimiento de empresas públicas deficitarias, la falta de una reducción del gasto corriente y la transferencia de competencias nacionales —como el financiamiento de cárceles y vacunas— hacia las gobernaciones.
Desde el Gobierno, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, defendió el proyecto y sostuvo que la administración nacional también enfrenta restricciones financieras, aunque aseguró que se trabaja en mecanismos para fortalecer las finanzas de los gobiernos subnacionales.
Mientras algunos legisladores consideran prioritario aprobar la norma para garantizar recursos destinados a salud, educación y otros sectores, otros insisten en que el Ejecutivo debe demostrar un compromiso real con la descentralización antes de exigir el respaldo del Legislativo.