El uso de una camioneta con denuncia de robo vigente en Chile durante una actividad pública encabezada por el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, provocó un reclamo desde el Parlamento chileno y abrió una investigación para establecer cómo el vehículo ingresó a Bolivia y terminó participando en un acto oficial.
La controversia surgió después de que se difundieran imágenes tomadas durante una visita de Loza al municipio de Cocapata, donde se observa al gobernador sobre una camioneta roja con placa chilena TZWL35. Posteriormente, el diputado chileno Sebastián Videla informó que el motorizado figura en el sistema Auto Seguro de Chile con un encargo policial vigente, condición que corresponde a vehículos denunciados como robados y con orden activa de búsqueda.
Ante esta situación, el legislador presentó un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, solicitando que, a través de los canales diplomáticos, el Gobierno boliviano brinde información oficial sobre la procedencia del vehículo, las circunstancias de su ingreso al país y las razones por las que fue utilizado durante una actividad pública.
Videla también pidió que las autoridades bolivianas colaboren plenamente con las investigaciones y faciliten los antecedentes necesarios para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas relacionadas con el caso.
Desde la Gobernación de Cochabamba, el director Jurídico Nelson Cox respondió que la camioneta observada no pertenece al parque automotor oficial de la institución y aseguró que Leonardo Loza no tiene competencia para verificar la situación legal de los vehículos que son facilitados por comunidades u organizaciones sociales durante recorridos oficiales.
Explicó que, en varias actividades realizadas en áreas rurales, las organizaciones anfitrionas proporcionan vehículos, motocicletas o embarcaciones para el traslado de las autoridades, situación que —según afirmó— no genera responsabilidad directa para el gobernador sobre la documentación o el origen de esos motorizados.
Asimismo, Cox sostuvo que todos los vehículos oficiales utilizados por la Gobernación están registrados legalmente y rechazó que exista fundamento para vincular al gobernador con un presunto delito por haber abordado un vehículo proporcionado por terceros.
Mientras tanto, el caso ya adquirió dimensión internacional. Las autoridades chilenas buscan determinar el recorrido que siguió la camioneta desde que fue denunciada como robada, mientras que en Bolivia las investigaciones deberán establecer quién la introdujo al país, quién la puso a disposición durante la actividad en Cocapata y si existe alguna red dedicada al ingreso y circulación de vehículos robados provenientes del extranjero.