La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará este viernes para definir las acciones institucionales que correspondan tras la aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y revisar la situación de Luis Montaño, quien asumió como fiscal general interino después del operativo.
El debate se concentra principalmente en la legalidad de la sucesión. Montaño sostiene que asumió por el orden de prelación establecido en la Ley 260, mientras que legisladores cuestionan que no exista una resolución previa de la Asamblea que active formalmente la suplencia.
El presidente del Senado, Diego Ávila, informó que el Legislativo verificará los aspectos jurídicos e institucionales del caso y definirá las medidas de fiscalización. También se analiza la posibilidad de conformar una comisión especial o solicitar informes sobre los hechos.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas, sostuvo que la Ley 260 establece que la documentación para una suplencia debe ser presentada ante la Asamblea y procesada por la comisión correspondiente. Por ello, cuestionó la asunción de Montaño sin una decisión legislativa.
El Gobierno, por su parte, también desconoce a Montaño como fiscal general interino y sostiene que la Asamblea es la instancia que debe definir al sustituto de Mariaca. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el nuevo titular debe surgir de una decisión del Legislativo.
Mientras tanto, Mariaca enfrenta una investigación por presunta organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. El exfiscal general se acogió al derecho al silencio durante su comparecencia ante la Fiscalía.
El escenario también está relacionado con el régimen especial aplicable a las altas autoridades del Ministerio Público. De acuerdo con la explicación jurídica citada en el debate legislativo, una eventual suspensión o destitución debe seguir los procedimientos establecidos por las normas de responsabilidades y por la Ley 260.
La Asamblea deberá definir, por tanto, no solo qué ocurrirá con la conducción temporal de la Fiscalía, sino también qué procedimiento corresponde seguir respecto a Mariaca y cómo se garantizará la continuidad institucional del Ministerio Público mientras avanza la investigación.