Las investigaciones del denominado caso Roma avanzaron este sábado con allanamientos en dos autoventas de Santa Cruz de la Sierra, donde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía secuestraron 43 vehículos, entre ellos motorizados de alta gama, además de documentación y dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que los operativos forman parte de una investigación destinada a establecer el funcionamiento y los posibles vínculos de una presunta organización criminal relacionada con el exfiscal general del Estado Róger Mariaca Montenegro y otros exfuncionarios del Ministerio Público.
“Los operativos, en la desestructuración de la organización criminal que se hizo a partir de la Fiscalía General, son continuos, son permanentes y, por suerte, están yendo bien las cosas”, manifestó Oviedo tras participar en un acto por el aniversario de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).
Dos autoventas fueron allanadas
La primera intervención se realizó en un establecimiento ubicado en el cuarto anillo, esquina avenida Radial 27. Los efectivos ingresaron acompañados por el fiscal Julio Alejandro Porcel García y equipos especializados, incluidos canes entrenados para detectar sustancias controladas.
En ese lugar fueron secuestrados 13 vehículos. Los investigadores también incautaron un equipo DVR, utilizado para almacenar grabaciones de cámaras de seguridad, un teléfono iPhone 17 Pro Max y otros dos celulares que estaban en poder de trabajadores.
El segundo allanamiento se ejecutó en una concesionaria de la avenida 2 de Agosto, entre el cuarto y quinto anillo. Allí se secuestraron otros 30 motorizados, ocho de los cuales fueron precintados, según el informe policial.
Durante esta segunda intervención también se recogieron documentos y otro dispositivo DVR para su posterior revisión.
Entre los 43 vehículos intervenidos figuran automóviles de las marcas Porsche, BMW y Lexus, además de otros fabricantes. La investigación deberá establecer su procedencia, titularidad y posibles conexiones con las operaciones económicas bajo sospecha.
Los motorizados quedaron bajo responsabilidad de los abogados Silvestre Stanley Ibáñez Salas y Fernando Venegas Hurtado, registrados como depositarios.
Oviedo confirma cooperación internacional
El ministro señaló que la investigación no se limita al territorio boliviano y que las autoridades reciben información de varios países para rastrear posibles operaciones ilícitas.
“Estamos trabajando también con la cooperación internacional. Recibimos fuentes de varios países, porque el delito, como ustedes saben, no tiene fronteras, son delitos transnacionales”, afirmó.
Oviedo explicó que los fiscales y los investigadores policiales continúan reuniendo información sobre presuntos movimientos de recursos económicos, legitimación de ganancias ilícitas y bienes inmuebles que podrían estar relacionados con la estructura investigada.
“No estamos variando la constancia, el seguimiento, la acumulación de datos y pruebas, sobre todo”, sostuvo, al remarcar que las intervenciones forman parte de un proceso investigativo que continuará con nuevas diligencias.
La investigación alcanza a exfuncionarios del Ministerio Público
Los allanamientos fueron autorizados mediante una resolución del Juzgado Primero de Instrucción Penal Anticorrupción de La Paz, emitida el 11 de octubre, a requerimiento de la comisión de fiscales integrada por Daniel Portales Barja y Edwin Sarmiento Valdivia.
El proceso investiga presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y otros hechos que involucran a Mariaca, al mayor de Policía Rubén Aparicio y a los exfiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta.
Mariaca permanece con detención preventiva en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, mientras los demás investigados se encuentran recluidos en distintos establecimientos penitenciarios.
Oviedo aseguró que las diligencias continuarán para reunir elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. También remarcó que las actuaciones deben respetar las garantías constitucionales y el derecho a la defensa de los investigados.
“La Policía está aportando elementos probatorios y, obviamente, respetando siempre el debido proceso, los derechos de los investigados, porque acá nadie puede estigmatizar a nadie”, manifestó.