La frase “Si no fusilamos a estos ladrones, Bolivia no va a tener futuro” se convirtió en el principal elemento de la investigación que derivó en la aprehensión del senador Nilton Condori en El Alto. El legislador guardó silencio ante las autoridades mientras la Fiscalía prepara la imputación por presunta instigación pública a delinquir y terrorismo.
La investigación se basa en declaraciones realizadas el 26 de septiembre durante un ampliado de la agrupación política Evo Pueblo, en Lauca Ñ, donde se abordaron posibles movilizaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz. Según la interpretación fiscal, la referencia a “fusilar” podría constituir una exhortación a ejercer violencia letal contra autoridades gubernamentales.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, relacionó la aprehensión con los antecedentes de los 53 días de bloqueos y las sospechas sobre la preparación de nuevas medidas de presión. “El señor senador Condori ha sido aprehendido por instigación a delinquir asociado a los 53 días”, afirmó.
La defensa cuestiona el procedimiento
Condori fue interceptado cerca del mediodía en inmediaciones del Mercado Campesino de Santa Rosa, cuando se dirigía a un ampliado. De acuerdo con testigos, varias personas lo introdujeron en una camioneta Toyota Rav4 de color verde.
La orden de aprehensión fue emitida el 16 de octubre, a raíz de una denuncia presentada por el diputado Edgar Manolo Rojas Paz contra Condori, Evo Morales y otras personas. El documento contempla los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, además de mencionar riesgos procesales relacionados con una posible fuga y la obstaculización de la investigación.
El abogado del senador, Alan Fernández, cuestionó la medida y aseguró que su defendido no recibió una citación previa. “Nilton Condori nunca ha sido notificado”, sostuvo, al afirmar que tampoco se le comunicó formalmente mediante otras vías.
Fernández argumentó que la expresión cuestionada fue utilizada en el contexto del discurso político y no representaba, según su interpretación, una acción que el legislador pretendiera ejecutar. También señaló que su equipo necesita revisar el cuaderno de investigaciones para definir la estrategia de defensa.
La defensa sostiene que Condori cuenta con domicilio, trabajo y familia, por lo que solicita que pueda afrontar el proceso en libertad. Al momento de la información proporcionada, la imputación formal todavía no había sido presentada.
El caso también menciona a Evo Morales
La denuncia incluye a Evo Morales y recoge otras declaraciones atribuidas al expresidente, entre ellas una advertencia de que las medidas se adoptarían “si no es de buenas va a ser a malas”, además de referencias a movilizaciones previstas para octubre.
La Fiscalía busca determinar si esas expresiones estaban vinculadas a protestas pacíficas o a posibles acciones como bloqueos y cercos, en el contexto de los antecedentes de los 53 días de conflicto. Sin embargo, la orden de aprehensión mencionada en el expediente afecta, por ahora, únicamente a Condori.
En el debate sobre la situación jurídica del senador, el constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo que los delitos investigados no estarían cubiertos por inmunidad parlamentaria. No obstante, señaló que el artículo 152 establece restricciones sobre la detención preventiva de asambleístas durante el ejercicio de su mandato, salvo las excepciones previstas por ley.
Por su parte, el diputado Rojas defendió la denuncia y afirmó que busca proteger la institucionalidad. “Nunca más van a amenazar al pueblo boliviano”, declaró. Mientras tanto, simpatizantes de Condori instalaron una vigilia en dependencias policiales.
El senador también fue suspendido del Parlamento por ocho meses, según los antecedentes del caso. La investigación deberá establecer el alcance de sus declaraciones y determinar si existen elementos suficientes para sustentar los delitos atribuidos.
Caso Mariaca: secuestran 43 vehículos de lujo y revisan documentos de dos concesionarias
En una investigación paralela vinculada al exfiscal general Roger Mariaca, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y fiscales de Sustancias Controladas de La Paz analizan documentación secuestrada durante allanamientos a dos concesionarias de vehículos en Santa Cruz de la Sierra.
En el establecimiento Prestige, ubicado en la radial 27 y cuarto anillo, los investigadores secuestraron 13 motorizados. En Fullcars, sobre la avenida Dos de Agosto, entre cuarto y quinto anillo, incautaron otros 30. El total asciende a 43 vehículos, incluidos motorizados de alta gama.
Además de los automóviles, se recogieron documentos relacionados con vehículos encontrados en los locales y otros que ya habrían sido vendidos. Los investigadores buscan establecer el origen de los recursos utilizados en las operaciones comerciales y verificar posibles vínculos con personas investigadas en el caso.
Un jefe policial señaló que se indagan versiones sobre presuntas compras al contado de vehículos de lujo por parte de operadores de justicia que podrían tener nexos con Mariaca, el policía Rubén Aparicio y los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta, quienes cumplen detención en distintos recintos penitenciarios.
La Felcn prevé continuar las diligencias y realizar nuevos allanamientos en Santa Cruz para identificar posibles conexiones. Las eventuales responsabilidades deberán establecerse a partir de los resultados de la investigación.