El viaje del gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Alejandro Valdivia Medling, a Estados Unidos provocó un quiebre dentro del bloque oficialista. Diputados aliados del Gobierno exigieron su destitución inmediata e incluso plantearon procesos penales por presunto incumplimiento de deberes y uso indebido del cargo.
La diputada Claudia Bilbao (PDC), considerada una de las principales defensoras del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, pidió públicamente la salida del ejecutivo y solicitó al ministro de Obras Públicas asumir acciones inmediatas.
«Deben sacarlo y procesarlo. Ese señor de BoA tiene que renunciar», afirmó.
Desde la bancada de Unidad también surgieron cuestionamientos. La diputada Julieta Jiménez recordó que el vicepresidente Edmand Lara fue duramente criticado por acompañar a la Selección Boliviana durante el Mundial, por lo que consideró que el gerente de BoA debe asumir la misma responsabilidad.
La polémica se intensificó después de que BoA confirmara que Valdivia viajó a Estados Unidos utilizando un permiso a cuenta de vacaciones, pese a llevar apenas 77 días al frente de la empresa estatal tras haber sido posesionado el pasado 20 de abril.
A ello se suma la denuncia de la senadora Claudia Mallón (Súmate), quien afirmó que el gerente habría adquirido un pasaje por Bs 993, cuando un boleto comercial hacia Estados Unidos supera los Bs 5.900, situación que pidió investigar por un posible favorecimiento.
Ante las críticas, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que desconocía el viaje y anunció que solicitará un informe para esclarecer las circunstancias de la autorización.
También investigarán al gerente de Entel
La controversia alcanzó además a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). La diputada Julieta Jiménez anunció que impulsará una fiscalización al gerente de la estatal tras conocerse que también habría viajado a Estados Unidos durante el Mundial.
La legisladora adelantó que solicitará información oficial sobre ese desplazamiento para determinar si existió uso indebido de recursos o permisos irregulares, mientras crece la presión política sobre las principales empresas estatales.