Una denuncia por el presunto paso irregular de 48 camiones con mercadería de contrabando derivó en una investigación por corrupción contra tres exfuncionarios de la Aduana regional Potosí, señalados por supuestamente cobrar entre Bs 500 y Bs 1.000 por cada vehículo que transitaba desde Villazón hacia Potosí.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que el caso comenzó con una denuncia presentada el 15 de septiembre de 2025. Según los primeros datos, los cobros habrían variado de acuerdo con el tamaño de los camiones que transportaban la mercadería.
A partir de esa información, las autoridades iniciaron las investigaciones y realizaron un rastreo financiero para identificar posibles irregularidades en el patrimonio de los involucrados.
Detectan movimientos económicos sin justificación
De acuerdo con García, el análisis permitió identificar movimientos de dinero que no guardarían relación con los ingresos salariales de los entonces funcionarios.
Uno de los investigados registró movimientos por Bs 554.000; otro, por Bs 166.000; y el tercero, por Bs 70.000. En el primer caso, el viceministro destacó que el monto acumulado superaba el medio millón de bolivianos sin una justificación económica identificada durante las pesquisas.
“De mil en mil bolivianos, uno de ellos ya había acumulado más de medio millón de bolivianos de recursos económicos sin justificación”, señaló la autoridad.
García sostuvo que las diferencias entre los movimientos financieros detectados y los sueldos percibidos llevaron a investigar un posible enriquecimiento ilícito. Añadió que, a partir de una denuncia inicialmente limitada al tránsito de camiones, se identificó una presunta red que habría operado de manera habitual.
El caso ya está en manos de la Fiscalía
Los tres exfuncionarios fueron denunciados ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.
La autoridad confirmó que los involucrados ya fueron desvinculados de la Aduana, aunque aclaró que esa medida administrativa no los exime de una eventual responsabilidad por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
“Estas personas a la fecha ya no forman parte de la institución; sin embargo, la responsabilidad por la función pública va independientemente de su desvinculación”, afirmó García.
La investigación deberá establecer el origen de los recursos observados y determinar si los movimientos financieros están vinculados con los presuntos cobros por permitir el paso de camiones con mercadería de contrabando.