La Fiscalía presentó una imputación formal contra el exministro de Defensa Edmundo Novillo Aguilar y solicitó seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, por el denominado caso radares.
La investigación se refiere a la adquisición de 13 equipos franceses mediante el proyecto Sidacta, contratado en 2016. Según la denuncia del Gobierno, solo dos radares funcionan sin observaciones, nueve presentan reparos técnicos y otros dos están fuera de servicio.
El Ministerio Público atribuye a Novillo los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La investigación calcula un posible daño económico superior a Bs 1.479 millones.
Además de la detención preventiva, la Fiscalía solicitó medidas sobre el patrimonio del exministro. Entre ellas figura la anotación preventiva de los vehículos registrados a su nombre y la recopilación de información financiera y patrimonial mediante requerimientos a la ASFI, entidades bancarias, Derechos Reales, Tránsito, Impuestos Nacionales y el registro de comercio.
El requerimiento también detalla varias diligencias pendientes para sustentar la investigación, como inspecciones en dependencias del Ministerio de Defensa y unidades militares donde se encuentran los equipos. Asimismo, contempla declaraciones de exautoridades, excomandantes, representantes de la empresa francesa Thales LAS France SAS y profesionales que participaron en la auditoría.
El proceso se inició a denuncia del Ministerio de Defensa y también cuenta con la participación del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. La causa alcanza además a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Fernando López.
Novillo niega las acusaciones
Después de prestar su declaración, el exministro rechazó los cargos y aseguró que presentó documentación para demostrar su inocencia.
“Soy inocente, he presentado todos los descargos tanto legales como documentales. Consiguientemente, me parece injusta la aprehensión”, manifestó.
También sostuvo que colaborará con la investigación y que la etapa preparatoria permitirá establecer las posibles responsabilidades. La jueza a cargo del caso deberá resolver si acepta la solicitud fiscal de seis meses de detención preventiva o dispone otras medidas cautelares.