Los trabajadores en salud pública de Bolivia cumplen este jueves 5 de noviembre un paro nacional de 24 horas para exigir el pago del Bono de Riesgo, conocido como viático de vacunación, correspondiente a la gestión 2026.
La medida fue convocada por la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia (CSTSPB), luego de que venciera el plazo acordado con el Ministerio de Salud para cancelar el beneficio, sin que se concretara el desembolso.
Esther Ortuste, dirigente del sector en Santa Cruz, explicó que el pago debía realizarse hasta el 30 de octubre, conforme a un compromiso asumido en una reunión con representantes del Ministerio el pasado 23 de octubre.
“Esperamos y no hubo ningún pago”, afirmó la dirigente, quien señaló que el beneficio debe cancelarse cada año el 6 de julio.
¿Qué servicios funcionan durante el paro?
La suspensión de actividades se concentra principalmente en la consulta externa, donde la atención será reducida. Sin embargo, se mantienen operativos los servicios esenciales para evitar que los pacientes queden sin asistencia.
Ortuste precisó que continúan funcionando las áreas de emergencias, rayos X, laboratorio, cirugías, terapia y hemodiálisis, además de otros servicios destinados a pacientes que requieren tratamientos permanentes.
La dirigente aclaró que la protesta es acatada por trabajadores técnicos, administrativos y operativos, mientras que los profesionales en salud mantienen sus actividades habituales. También se activaron planes de contingencia para garantizar la atención en los establecimientos públicos.
Más de 20.000 trabajadores reclaman el beneficio
El conflicto se produce después de la promulgación de la Ley 1771, el 30 de septiembre de 2026, que establece que el pago del viático de vacunación y los prediarios penitenciarios sea asumido por el Tesoro General de la Nación y el Ministerio de Salud y Deportes, liberando a las gobernaciones de esa obligación financiera desde la gestión 2026.
En Santa Cruz, Ortuste cuestionó la falta de respuestas de las autoridades nacionales y departamentales. Aseguró que el sector no recibió una convocatoria al diálogo y que, ante la falta de una solución, realizaron reclamos en instalaciones de la Gobernación.
Según los datos proporcionados por la dirigente, alrededor de 7.000 trabajadores en Santa Cruz esperan el pago del beneficio, mientras que a escala nacional la cifra supera los 20.000 funcionarios.
