Las recientes detenciones de ciudadanos brasileños buscados por la Justicia de su país volvieron a poner bajo cuestionamiento los controles de identificación en Bolivia. Varios de los capturados, señalados por sus presuntos vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), habrían utilizado documentos bolivianos o extranjeros obtenidos con datos falsos.
Desde el 8 de noviembre de 2025, fecha de posesión del presidente Rodrigo Paz, un recuento basado en registros de Migración y la Fiscalía identificó a 18 brasileños detenidos, señalados como integrantes del PCC o de estructuras relacionadas. El Gobierno sostiene que está desarticulando redes criminales que habrían operado durante años en el país.
Entre los casos más recientes figuran cinco brasileños localizados en una vivienda de Santa Cruz de la Sierra. Según la Policía Civil de Mato Grosso, los detenidos tienen entre 23 y 38 años y cuentan con órdenes de arresto emitidas en Brasil. Dos proceden de Santa Catarina, dos de San Pablo y uno de Maranhão. Su identificación fue verificada mediante coordinación entre las policías de ambos países.
Documentos y registros cuestionados
Uno de los antecedentes recientes corresponde a Engri Júnior de Almeida Maia, alias “Júnior Trindade”, detenido el 24 de octubre en Concepción. Es señalado como jefe de Amigos do Estado (ADE), grupo vinculado al PCC. Según los reportes, utilizaba el nombre de Julio Salles Barbosa y figuraba en registros bolivianos como Julio Maia Sampaio.
El 9 de octubre fue detenido en Santa Cruz Marco de Oliveira Ferreira, considerado por las autoridades brasileñas como un integrante de alto rango del PCC. El comandante policial Adrián Álvarez informó que utilizaba documentos falsificados.
En mayo, Gerson Palermo fue capturado en Cotoca, donde residía desde hacía varios años y se presentaba como empresario agrícola. De acuerdo con los antecedentes, tenía documentación falsa y acumulaba condenas que sumaban 126 años de prisión en Brasil.
También fueron detenidos Douglas de Azevedo Carvalho, alias “Mancha”, quien presuntamente utilizaba una cédula boliviana y un pasaporte italiano falsos, además de Cleber Suárez Aulis y Luis Gustavo Sippes de Oliveira, capturados en diciembre de 2025 con identidades distintas.
Antecedentes que involucran al Segip
Los cuestionamientos a los controles de identidad no comenzaron con las últimas capturas. El 16 de mayo de 2025, antes de la actual administración, fue detenido Marcos Roberto de Almeida, alias “Tuta”, cuando intentaba renovar un documento de extranjero en oficinas del Segip de Santa Cruz. Según la investigación, realizaba el trámite bajo el nombre de Maycon Gonçalves da Silva.
Por ese caso, dos policías fueron imputados por presunta colaboración; uno de ellos fue dado de baja y también se procesó a un tramitador.
Otro antecedente se remonta a 2014, cuando se denunció que al menos dos exfuncionarios del Segip habrían facilitado una cédula boliviana a Sérgio Luiz de Freitas Filho, alias “Mijão”, registrado con el nombre de Sérgio Noronha.
Hasta ahora, no existe un balance consolidado sobre la cantidad de servidores públicos investigados o procesados por la presunta emisión irregular de documentos a ciudadanos brasileños vinculados con organizaciones criminales.
La presencia del PCC en Bolivia
Un mapeo del Ministerio Público de San Pablo, elaborado con datos de 2023 y difundido en junio de 2025, identificó a 146 presuntos integrantes del PCC en Bolivia: 75 estaban privados de libertad y 71 permanecían en libertad.
Por su parte, la Fundación Milenio advirtió en su informe Un campo minado (2026) sobre la expansión del crimen organizado y su relación con la debilidad institucional y la posible penetración de intereses ilegales en estructuras estatales.
Los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla sostienen que, entre 2006 y 2025, actividades como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal se expandieron en un contexto de corrupción y captura institucional. Entre las medidas planteadas figuran fortalecer el Estado de derecho, profesionalizar y despolitizar la Policía, garantizar una justicia independiente y reforzar los controles contra el lavado de dinero.