El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por los hechos ocurridos en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009. La decisión activa una investigación preliminar de 30 días para que la Fiscalía determine si corresponde presentar una acusación o rechazar la denuncia.
El magistrado de la Sala Penal, Carlos Ortega, confirmó que se emitió el decreto de inicio de la investigación y que los denunciados ya fueron notificados. Para cumplir con las comunicaciones, se enviaron órdenes instruidas a los tribunales departamentales de Justicia de Cochabamba y La Paz.
Ortega aclaró que esta etapa está bajo responsabilidad del Ministerio Público y no de la Sala Penal. “El plazo es de 30 días; entonces, está corriendo el plazo”, señaló.
El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, también confirmó que la Fiscalía comenzó las actuaciones correspondientes. Al concluir el periodo establecido, deberá definir si presenta un requerimiento acusatorio contra los exmandatarios o dispone el rechazo de la proposición.
Los delitos incluidos en la proposición
La resolución establece la radicatoria de la proposición acusatoria presentada por la bancada de la alianza Libre. La denuncia plantea investigar la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad, durante el ejercicio de funciones públicas de Morales y García Linera.
El documento fue difundido por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien sostuvo que el proceso debe avanzar hasta llegar a la Asamblea Legislativa.
Quiroga exige que los exmandatarios respondan ante la justicia
Tras conocerse la determinación del TSJ, Quiroga afirmó que Morales debe responder por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el operativo en el Hotel Las Américas. También atribuyó responsabilidades a las máximas autoridades del Gobierno de entonces.
El líder de Libre aseguró que el sistema interamericano de derechos humanos se pronunció sobre estos hechos y sostuvo que existen determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que respaldan sus cuestionamientos.
La apertura de esta investigación preliminar no constituye una declaración de culpabilidad. La Fiscalía deberá analizar los antecedentes y definir si existen elementos para formular una acusación formal.