La controversia por la propiedad de los terrenos donde se asienta el mercado Mutualista suma nuevos elementos tras la revisión de documentación histórica que respalda la posición del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Según estos archivos, el predio —de casi cinco hectáreas y con un alto valor económico— perteneció originalmente a cinco familias, entre las cuales no figura la familia Crapuzzi, que actualmente reclama derechos sobre el área.
Entre los documentos analizados se encuentra un plano antiguo, de más de 40 años de antigüedad, que identifica como propietarios a las familias Bass Lijerón, Grunbaum Bass, Jesús Vía Soliz, los hermanos Domínguez y Marcelino Prado Muñoz, vinculados a la empresa TOA Ltda. A ello se suman comprobantes de pago emitidos por la Alcaldía, que evidencian procesos de expropiación realizados en favor de estas familias durante las décadas de 1980 y 1990.
La concejala Lola Terrazas, quien ha seguido de cerca el caso, sostiene que el nombre de Miguel Crapuzzi Direnzo no aparece en la documentación original y que su inclusión en registros más recientes genera dudas. Señala que en 2024 se remitió un plano en el que su nombre figura en una unidad vecinal, pero advierte que este documento presentaría alteraciones, ya que el registro habría sido añadido posteriormente.
Asimismo, menciona que funcionarios municipales reconocieron la existencia de modificaciones en dicho plano, lo que alimenta las sospechas sobre la validez de ese registro. Otra observación apunta a que, mientras el nombre del demandante aparece en un sector específico, la reclamación actual abarca la totalidad del terreno donde funciona el mercado.
Los antecedentes también reflejan que el proceso de expropiación del área se formalizó mediante una ordenanza municipal de 1985, que declaró de utilidad pública los terrenos destinados a equipamiento urbano, incluyendo la construcción de infraestructura como mercados y sistemas de drenaje. Documentos posteriores certifican pagos realizados a propietarios, respaldados por resoluciones administrativas y registros contables de la época.
Desde la otra parte, los representantes legales de la familia Crapuzzi sostienen que los pagos efectuados por el municipio corresponden a terrenos ubicados en otras zonas y no al predio en disputa. Además, cuestionan el trabajo de la comisión conformada en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalando que no han sido convocados a participar en el análisis del caso.
También argumentan que existe una sentencia constitucional que reconoce el derecho propietario de su cliente y deja sin efecto disposiciones municipales previas, lo que mantiene abierto el conflicto legal.
Mientras tanto, la comisión del TSJ continúa evaluando la documentación y se espera que emita un informe en los próximos días, en un caso que mantiene en debate la titularidad de uno de los predios más importantes de la capital cruceña.