La Alcaldía de Santa Cruz denunció ante la justicia a dos exfuncionarios de la gestión municipal anterior por el presunto uso indebido de más de 111 equipos técnicos pertenecientes al municipio, cuyo valor supera el millón de bolivianos.
La secretaria municipal de Planificación, Sibele Ortiz, informó que durante un proceso de verificación y control de activos se detectó que una importante cantidad de equipos especializados no se encontraba en dependencias municipales, pese a figurar en los registros institucionales.
Entre los bienes observados se encuentran equipos de agrimensura, topografía, estaciones totales y sistemas GPS utilizados para trabajos técnicos y levantamientos territoriales.
Según la denuncia, los activos estaban registrados a nombre de dos exfuncionarios vinculados al área técnica municipal, quienes presuntamente mantenían los equipos en su poder incluso después de haber dejado sus cargos.
Ortiz señaló que la situación generó dificultades operativas para la Alcaldía, debido a que varias dependencias carecían del equipamiento necesario para desarrollar tareas de planificación y levantamientos técnicos en distintos distritos de la ciudad.
La autoridad indicó que parte de los equipos fueron recuperados luego de identificar a los responsables y realizar las verificaciones correspondientes.
Además, anunció que la investigación podría ampliarse a otras personas, ya que existen indicios de que más activos municipales habrían permanecido fuera del control institucional durante la anterior administración.
Por su parte, el director municipal de Transparencia, Alberto Vaca, cuestionó los mecanismos de supervisión existentes en aquel período y señaló que también se buscará determinar posibles responsabilidades de funcionarios encargados del control patrimonial.
La Alcaldía espera que el Ministerio Público y las autoridades judiciales avancen con la investigación para establecer responsabilidades y definir las sanciones que correspondan en caso de comprobarse el uso irregular de bienes públicos.
El caso forma parte de una serie de auditorías y revisiones internas impulsadas por la actual gestión municipal para verificar el estado y la ubicación de los activos de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.