La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz (APDHB) anunció que solicitará la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU) ante las denuncias sobre el reclutamiento de ciudadanos bolivianos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.
El presidente departamental de la institución, Víctor Hugo Velasco, informó que la organización brindará acompañamiento a las familias afectadas y hará seguimiento a las investigaciones que desarrollan las autoridades bolivianas.
Velasco explicó que también solicitarán a la Cancillería activar los canales diplomáticos para requerir información oficial a los gobiernos de Rusia y Ucrania, además de coordinar acciones para la eventual repatriación de ciudadanos bolivianos fallecidos en el conflicto.
Según la institución, hasta el momento fueron identificados 16 bolivianos reclutados en Santa Cruz, aunque posteriormente surgieron denuncias sobre casos similares en Oruro, Potosí y otros departamentos.
De acuerdo con los testimonios de los familiares, las víctimas fueron captadas mediante falsas ofertas de trabajo relacionadas con actividades de construcción, mantenimiento o labores en museos, pero al llegar a Rusia recibieron entrenamiento militar y fueron enviados al frente de combate.
Derechos Humanos también pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado, la Policía e Interpol para identificar y capturar a las personas responsables del reclutamiento y financiamiento de los viajes.
Velasco señaló que, si se confirma el fallecimiento de ciudadanos bolivianos durante el conflicto, el caso deberá ser tratado en instancias internacionales y se exigirá la repatriación de los cuerpos, además de la reparación correspondiente para las familias.
Por su parte, el asesor jurídico de Derechos Humanos, Jorge Marco Agüero, afirmó que la magnitud del caso obliga a activar mecanismos internacionales de protección y cooperación, al considerar que la red de reclutamiento podría operar también en otros países de la región.
La institución también solicitó medidas de protección para las familias denunciantes, al advertir que detrás de estos hechos podría existir una organización criminal dedicada a captar personas en Bolivia, Paraguay, Argentina y otros países sudamericanos.