El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visas contra 40 personas vinculadas con Bolivia, en una medida que presentó como parte de sus acciones contra la corrupción y el narcotráfico. De ese grupo, el Departamento de Estado hizo públicos los nombres de 15 ciudadanos bolivianos, entre ellos autoridades en funciones y exservidores públicos.
La lista incluye a los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; al exfiscal general Juan Lanchipa Ponce; al exfiscal departamental de Beni Félix Gerardo Balderas Arteaga y al fiscal de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Julio César Porras Velarde.
También figuran Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras; Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y Fernando Ronald Velasco Soliz, exjefe de seguridad aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
La nómina se completa con Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija; Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz; Katherine Calderón Valle, exdirectora de Migración; el exjuez José Ayaviri Siles; el exfiscal Armando Rojas Toledo; Rony Suárez Milliet y el vocal judicial Julio Nelson Alba Flores.
El alcance de las sanciones
Según el comunicado estadounidense, las restricciones también alcanzan a familiares inmediatos de las personas señaladas. La administración de Donald Trump sostuvo que busca evitar que individuos vinculados con presuntas actividades de corrupción y narcotráfico puedan ingresar a su territorio y afectar sus intereses de política exterior.
El Departamento de Estado indicó que la medida se sustenta en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que contempla causales para declarar a determinados extranjeros inadmisibles.
La decisión amplía las acciones anunciadas el 28 de septiembre, cuando Washington informó sobre la revocación de visas para otros 12 bolivianos y la inelegibilidad de nueve personas adicionales. En esa oportunidad, Estados Unidos mencionó al entonces fiscal general Róger Mariaca, a quien vinculó con presunta protección al narcotráfico y al crimen organizado.
Las restricciones migratorias no constituyen por sí mismas una condena penal ni sustituyen los procedimientos judiciales que puedan corresponder en Bolivia.
Reformas en el sistema judicial
El anuncio se conoce mientras el Gobierno boliviano plantea cambios en el sistema de justicia y busca apoyo de la cooperación internacional para impulsar una reforma institucional. La Fiscalía también atraviesa un proceso de reestructuración.
La inclusión de autoridades judiciales, fiscales, policías y legisladores en la lista estadounidense abre un nuevo frente de atención sobre las instituciones bolivianas. Sin embargo, el alcance de las medidas y las eventuales consecuencias internas dependerán de las decisiones que adopten las autoridades competentes y de los procedimientos que se desarrollen en cada caso.