Representantes de siete de las nueve brigadas parlamentarias del país aprobaron una resolución conjunta en Santa Cruz, en la que plantean una serie de medidas relacionadas con los recientes conflictos sociales, entre ellas la ejecución de la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales y el fortalecimiento del control estatal en la región del Trópico de Cochabamba.
El documento solicita a las autoridades judiciales, fiscales y policiales cumplir las actuaciones legales vigentes dentro del proceso que enfrenta Morales por un caso de presunta trata de personas con agravante, en apego a la Constitución y la normativa nacional.
Entre las resoluciones también figura el pedido de intervención y militarización del Chapare con el objetivo de restablecer el control del Estado y prevenir nuevos hechos de conflictividad. El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Fernando Pareja, sostuvo que la medida busca reforzar la presencia institucional en esa región.
Los parlamentarios además solicitaron que se amplíen las investigaciones y se inicien acciones legales contra dirigentes que, según consideran, promovieron los bloqueos registrados durante el reciente conflicto nacional. En la resolución se menciona al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; al dirigente campesino Vicente Salazar; al senador Nilton Condori; y a otras personas que pudieran ser identificadas durante las investigaciones.
De acuerdo con los legisladores, las movilizaciones provocaron interrupciones prolongadas en las carreteras, afectando el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros servicios en distintas regiones del país.
Finalmente, la resolución también incluye una solicitud para que el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presente su renuncia, al considerar que su actuación durante el conflicto no fue suficiente para atender la situación que atravesó el país.