Bolivia enfrenta un escenario de criminalidad cada vez más complejo, marcado por la presencia de organizaciones internacionales de narcotráfico, disputas territoriales y presuntos vínculos con estructuras locales. Así lo advirtió Mónica Mendoza, representante en el país de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en una entrevista con la agencia EFE.
Mendoza sostuvo que el país dejó de ser visto únicamente como productor de materia prima o territorio de tránsito de drogas y que ahora también funciona como un centro de operaciones para grupos criminales extranjeros. Entre las organizaciones mencionadas figuran el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México; el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), de Brasil; además de grupos delictivos de Perú y Colombia.
Como parte de los indicios de esta expansión, la representante señaló la presencia de ciudadanos extranjeros detenidos en cárceles bolivianas que, según las investigaciones, estarían vinculados a estructuras de mando de esas organizaciones.
El sicariato y las disputas por territorios
Otro factor que preocupa a la UNODC es el incremento de los asesinatos por encargo. Mendoza relacionó estos hechos con las disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas y territorios, especialmente en zonas fronterizas con Brasil.
La funcionaria afirmó que las organizaciones extranjeras no operarían de manera aislada, sino que tendrían vínculos con grupos locales. A su juicio, esta interacción amplía el alcance del problema y dificulta las acciones de las autoridades.
La representante también advirtió que el crimen organizado se conecta con otras actividades ilícitas, como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal, formando redes que combinan distintas fuentes de ingresos y capacidades operativas.
Alerta por el aumento de los cultivos de coca
A este panorama se suma el crecimiento de los cultivos de hoja de coca. Según el último informe de la UNODC citado por Mendoza, la superficie cultivada en Bolivia pasó de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025, un incremento del 7%.
Bolivia ocupa el tercer lugar entre los países productores de hoja de coca, después de Colombia y Perú, de acuerdo con los datos mencionados en el reporte. La planta tiene usos tradicionales y ancestrales en el país, aunque también constituye materia prima para la elaboración de cocaína.
Mendoza alerta sobre la infiltración institucional
La representante de Naciones Unidas advirtió que el avance del crimen organizado puede estar acompañado por redes de corrupción que dificultan las investigaciones y la persecución penal.
Al referirse a la situación regional, sostuvo que estas estructuras han penetrado algunas instituciones judiciales y que negar esa posibilidad impediría dimensionar el problema. Sus declaraciones se produjeron en medio del caso del exfiscal general Roger Mariaca, destituido y encarcelado en el marco de investigaciones y acusaciones que lo vinculan presuntamente con la protección de estructuras criminales.
Mendoza también se refirió a la captura del uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo y enviado a Estados Unidos. Según su análisis, la convivencia entre organizaciones criminales puede generar periodos de aparente calma cuando los grupos distribuyen rutas, funciones y territorios; una situación que describió como una especie de “narcopaz”.
Piden atacar las finanzas del crimen organizado
Para Mendoza, enfrentar a estas organizaciones requiere una estrategia integral y cooperación internacional, debido a que sus operaciones superan las fronteras nacionales.
La representante planteó fortalecer la persecución de las estructuras financieras del narcotráfico, reducir sus capacidades operativas y avanzar en normas contra el lavado de dinero y mecanismos de extinción de dominio. También señaló que es necesario aumentar la cantidad de sentencias judiciales en casos de narcotráfico.
En el ámbito de la cooperación internacional, el Gobierno de Rodrigo Paz permitió nuevamente la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), expulsada de Bolivia en 2008 durante el gobierno de Evo Morales, y suscribió acuerdos de cooperación con Washington para combatir el narcotráfico.
Las advertencias de la UNODC sitúan el desafío boliviano más allá de las incautaciones y las detenciones: el reto también consiste en desarticular las redes locales, financieras e institucionales que permiten la expansión de las organizaciones criminales.