El Gobierno decidió intervenir la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante el Decreto Supremo 5699, luego de la intervención dispuesta anteriormente sobre YPFB. La medida tendrá una vigencia de hasta 180 días y busca revisar el funcionamiento de la entidad encargada de regular y fiscalizar la cadena de hidrocarburos.
La norma justifica la intervención por la identificación de “deficiencias, riesgos y vulnerabilidades” en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización, especialmente aquellos relacionados con el abastecimiento interno de combustibles.
Durante este periodo se realizará un relevamiento de información para establecer posibles responsabilidades administrativas, técnicas y operativas, además de identificar eventuales daños ocasionados al sector en gestiones anteriores.
El decreto también instruye la realización de auditorías técnicas y legales y plantea recuperar y fortalecer la capacidad del Estado para controlar actividades relacionadas con la producción, transporte, refinación, almacenamiento, importación, distribución y comercialización de hidrocarburos.
Otro de los puntos centrales será la revisión de las autorizaciones y licencias otorgadas a los operadores del sector, así como la identificación de posibles omisiones y vulnerabilidades que hayan afectado el funcionamiento de la ANH.
Para ejecutar estas tareas se creó una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, integrada por representantes de cuatro áreas del Gobierno. La comisión tendrá acceso a información administrativa, financiera, técnica y jurídica de la institución, además de sus sistemas, registros, expedientes y bases de datos, incluido el B-SISA.
La instancia también podrá recomendar medidas correctivas, auditorías y, cuando corresponda, la remoción de personal. Los funcionarios de la ANH deberán entregar la información solicitada y el incumplimiento podrá generar responsabilidades por la función pública.
Los resultados de las auditorías, cuando revelen posibles responsabilidades, podrán ser remitidos a la Contraloría, el Ministerio Público, la Procuraduría y otras autoridades competentes.
Pese a la intervención, el decreto aclara que la medida no supone la desaparición de la ANH ni modifica su naturaleza jurídica o estructura. El plazo podrá ampliarse excepcionalmente por hasta 90 días adicionales si persisten las causas que motivaron la intervención.