Una familia de Santa Cruz exige explicaciones sobre el destino de una Toyota Land Cruiser Prado, modelo 2025, que compró el 17 de junio y que fue secuestrada por disposición fiscal nueve días después. El vehículo fue reconocido posteriormente en Sucre, donde apareció junto a otra vagoneta vinculada al exfiscal general Róger Mariaca, en la que se encontraron armas de grueso calibre.
El abogado de la familia, Martín Camacho, cuestionó las circunstancias en las que se retuvo el motorizado y su posterior traslado a la capital del país. Anunció que presentará quejas ante instancias del Ministerio Público en Santa Cruz y Sucre para establecer qué unidad policial intervino, quién autorizó el traslado y por qué los propietarios no pudieron recuperar el vehículo durante más de tres meses.
“No estamos hablando de un secuestro, estamos hablando de un robo institucionalizado”, afirmó Camacho. Se trata de una acusación de la defensa que deberá ser investigada y contrastada por las autoridades competentes.
Una placa anotada en planos motivó el secuestro
La defensa sostiene que la vagoneta fue retenida porque su placa, 6484-DEA, aparecía anotada en unos planos arquitectónicos colectados durante una investigación penal. La disposición fiscal, fechada el 26 de junio de 2026 y firmada por la fiscal de materia Milenca Rodas Patiño, ordenó el secuestro de una Toyota de color bronce metálico, modelo 2025, dentro del proceso con código FUD 701102012601425.
La causa fue iniciada de oficio contra Rafael A. Q. H., Luis P. E., Alison P. C. y otras personas por presuntos delitos de tenencia, porte o portación ilícita de armas, robo agravado, asociación delictuosa y receptación. Según Camacho, los propietarios de la vagoneta no figuran entre los investigados y tampoco tienen relación con las personas procesadas.
De acuerdo con los antecedentes citados en la resolución, durante un allanamiento realizado el 6 de abril en un inmueble del kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, los investigadores recolectaron diversos objetos, entre ellos una libreta escolar electrónica, un compromiso de padres de familia, una copia de certificado de nacimiento, planos arquitectónicos y tres vainas de munición de distintos calibres.
En los planos se habrían identificado anotaciones de placas vehiculares, incluida la correspondiente a la Toyota Prado reclamada por la familia. Sobre esa base, la fiscal dispuso el secuestro del motorizado.
“Le secuestraron la vagoneta solamente porque su placa estaba anotada en los planos de una tercera persona que mis defendidos no conocen”, sostuvo el abogado.
La familia asegura que compró la vagoneta de buena fe
Según el relato de Camacho, la madre, profesional del área de medicina estética, adquirió el vehículo de su primer propietario por un monto aproximado de 72.000 dólares. Para cerrar el negocio, entregó otro motorizado como parte de pago y cubrió la diferencia. Su hijo participó en la operación con la intención de revender la vagoneta y obtener una ganancia.
Días después de la compra, la mujer se encontraba en un supermercado de la zona de Equipetrol, acompañada de su hija de dos años, cuando policías le comunicaron que el vehículo tenía una orden de secuestro.
La versión del abogado señala que la mujer y su hijo fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecieron varias horas. Camacho afirma que inicialmente no les mostraron una orden y que posteriormente conocieron la resolución fiscal fechada el 26 de junio.
Desde entonces, la familia habría presentado solicitudes y memoriales para recuperar el vehículo, sin obtener una respuesta favorable, según la defensa.
Camacho también denunció que sus clientes recibieron llamadas y mensajes con presuntas advertencias y pedidos de dinero para resolver el problema. Mencionó exigencias de 30.000 dólares y, posteriormente, de 10.000 dólares, aunque indicó que no tenía identificadas a todas las personas que supuestamente estaban detrás de esos contactos.
La defensa afirmó, además, que a la propietaria le habrían sugerido desistir de recuperar la vagoneta y reclamar al vendedor. El abogado dijo que fue contratado recientemente y que pretende que estas denuncias sean investigadas formalmente. Las presuntas amenazas y exigencias económicas no constituyen responsabilidades establecidas judicialmente.
La aparición en Sucre abre nuevas interrogantes
El caso tomó otra dimensión cuando la familia reconoció la Toyota Prado de color bronce en imágenes difundidas tras el hallazgo de dos vagonetas del mismo modelo en Sucre, el miércoles por la noche. Según Camacho, una era negra y la otra correspondía al vehículo que reclaman sus clientes.
De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal general interino, José Armando Urioste, en la vagoneta negra, que era utilizada por Mariaca, se encontraron armas de grueso calibre. En el vehículo de color bronce no se habrían hallado objetos similares, según los datos citados por la defensa.
La familia cuestiona cómo llegó hasta Sucre un motorizado que había sido secuestrado en Santa Cruz dentro de una investigación penal. También exige conocer qué autoridad dispuso su traslado, con qué finalidad fue llevado a la capital y bajo qué condiciones permaneció custodiado.
Para Camacho, el secuestro de un vehículo es una medida destinada a preservar elementos relacionados con una investigación y no significa que el bien pase automáticamente a propiedad del Estado. Por ello, pide que se establezca qué relación concreta tenía la Toyota Prado con los hechos investigados y si existían otros elementos que justificaran mantenerla retenida.
La resolución fiscal dispone que el motorizado sea presentado ante la fiscal o el investigador asignado y que se elaboren las actas correspondientes. El documento, según la información proporcionada por la defensa, no establece una incautación definitiva ni declara responsables a los propietarios de los delitos investigados.
La familia anunció que solicitará información sobre el recorrido del vehículo, su situación jurídica actual y las razones por las que no prosperaron sus pedidos de devolución. El esclarecimiento de esos puntos deberá determinar si el procedimiento se ajustó a la normativa y quiénes fueron responsables de la custodia y el traslado del motorizado.