El asesinato de José Ángel Castañeda Montaño, conocido como “Cara de Bebé”, ocurrido tras una balacera en la zona de la Radial 26, en Santa Cruz de la Sierra, suma nuevas hipótesis luego de que su abogado, Denver Pedraza, afirmara que el crimen estaría vinculado a estructuras del narcotráfico internacional.
Según Pedraza, su defendido —quien falleció horas después de recibir múltiples impactos de bala— habría sido ejecutado por una organización presuntamente ligada al uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, en represalia por el robo de aproximadamente una tonelada de sustancias controladas.
El abogado sostiene que Castañeda habría participado, junto a presuntos efectivos policiales, en la sustracción de parte de un cargamento mayor de droga, que alcanzaría hasta tres toneladas. Este hecho, según su versión, habría desencadenado una reacción violenta por parte de la organización criminal para recuperar la mercancía.
Pedraza también indicó que su cliente habría actuado como informante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), lo que explicaría el acceso a información sensible. En ese contexto, planteó la posible participación de un “grupo reducido” de efectivos en el presunto robo, extremo que aún no ha sido confirmado oficialmente.
Por otro lado, la Policía Boliviana, a través del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca, señaló que no existen elementos que confirmen un vínculo directo entre el asesinato y redes internacionales de narcotráfico. Asimismo, descartó, por el momento, la implicación de efectivos policiales entre los aprehendidos en el caso.
De acuerdo con el informe preliminar, la víctima habría sido citada bajo el pretexto de saldar una deuda. Al llegar al lugar, fue interceptada por varios individuos que intentaron obligarlo a subir a un vehículo. Ante su resistencia, se produjo el ataque armado que terminó con su vida y dejó además a un transeúnte herido.
En cuanto a sus antecedentes, el abogado recordó que Castañeda enfrentó en 2023 un proceso judicial por un presunto secuestro, el cual —según su defensa— no fue probado, aunque derivó en una condena de dos años por asociación delictuosa.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen, mientras no se descarta ninguna hipótesis. Entretanto, Pedraza advirtió que el hecho podría generar nuevas represalias dentro de estructuras delictivas, lo que incrementa la preocupación por posibles hechos de violencia relacionados.