El exministro de Defensa Edmundo Novillo quedó aprehendido este jueves, luego de prestar su declaración ante el Ministerio Público por el denominado caso Radares, que investiga presuntas irregularidades en la compra de 13 equipos franceses y el fallido proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Sidacta).
La exautoridad, que formó parte del gobierno de Luis Arce, es investigada por un presunto daño económico al Estado que superaría los Bs 1.478 millones. La denuncia también alcanza a los exministros Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, de la gestión de Evo Morales, y Fernando López, del gobierno de Jeanine Áñez.
Novillo fue convocado por el fiscal Franklin Alandia para declarar a partir de las 10:00 en dependencias de la Fiscalía de La Paz. Tras su comparecencia, fue aprehendido y trasladado a celdas policiales.
“Yo soy inocente, he presentado todos mis descargos, tanto legales como también documentales y consiguientemente me parece injusta la aprehensión”, manifestó el exministro durante su traslado.
La investigación está relacionada con el contrato suscrito en agosto de 2016 entre el Estado boliviano y la empresa francesa Thales Air Systems para adquirir un sistema de radares por aproximadamente 196 millones de euros. La instalación del sistema concluyó recién en octubre de 2023.
El caso también involucra a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista. Según la denuncia gubernamental, las presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto y la adquisición de los 13 radares habrían ocasionado un perjuicio millonario a las arcas del Estado.
El procurador general del Estado, Hugo César León, mencionó entre los delitos identificados contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Sin embargo, en la citación entregada a Novillo figura el delito de corrupción, mientras que la investigación también contempla presuntos incumplimientos de deberes y daño económico al Estado.
La Fiscalía deberá establecer el grado de participación de cada una de las exautoridades y determinar las responsabilidades dentro del proceso.