Sebastián Enrique Marset Cabrera habría revelado a agentes de la DEA que mantenía su dinero invertido en aproximadamente 10 toneladas de cocaína en Bolivia, además de proporcionar información sobre el supuesto tráfico de armas del Primer Comando de la Capital (PCC), según documentos presentados por fiscales de Estados Unidos ante un tribunal federal de Virginia.
Las declaraciones se produjeron después de su captura en Santa Cruz de la Sierra, el 13 de marzo de 2026, y durante su traslado a Estados Unidos. La Fiscalía estadounidense sostiene que Marset fue informado de sus derechos y que decidió hablar voluntariamente con los agentes.
Uno de los episodios relatados por los fiscales ocurrió después de que la DEA revisara junto al uruguayo los dispositivos incautados durante el operativo en Bolivia. Marset habría identificado tres teléfonos, una computadora MacBook y un iPad como de su propiedad y proporcionó las contraseñas de los equipos.
Los agentes también encontraron, según el documento, tres billeteras de criptomonedas con alrededor de $us 3,96 millones. De acuerdo con el relato fiscal, Marset dijo que esos fondos provenían de sus ganancias por el tráfico de cocaína y que prefería reinvertir el dinero en la compra de droga.
Cuando le preguntaron dónde estaba el resto de su dinero, habría respondido que lo tenía invertido en unas 10 toneladas de cocaína. El documento no establece dónde estaría almacenada esa droga ni quiénes se encargarían de su custodia.
La información sobre las armas
En otra de las declaraciones atribuidas a Marset, el uruguayo habría señalado que el PCC traficaba hacia Bolivia entre el 80% y el 90% de las armas utilizadas por su estructura.
La afirmación aparece en el documento presentado por los fiscales como parte de la información que Marset habría entregado durante su permanencia bajo custodia.
El dato surge mientras las autoridades bolivianas investigan la actividad de organizaciones criminales brasileñas y las disputas vinculadas al narcotráfico y tráfico de armas en territorio nacional.
La defensa cuestiona las declaraciones
La información forma parte de una disputa judicial en Estados Unidos. La defensa de Marset busca que sus declaraciones realizadas en Bolivia y las pruebas obtenidas a partir de ellas sean excluidas del proceso.
Los abogados sostienen que el uruguayo fue presionado para colaborar y cuestionan las condiciones en las que se realizaron las entrevistas. También afirman que Marset pidió hablar con un abogado y que esa solicitud no fue atendida.
La Fiscalía estadounidense rechaza esa versión. Sostiene que Marset recibió las advertencias de Miranda, comprendió sus derechos y renunció a la presencia de un abogado antes de continuar con las entrevistas.
Los fiscales también señalan que no se le ofreció una reducción concreta de su condena a cambio de información y que cualquier eventual beneficio dependería de una decisión judicial.
