El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, solicitó la renuncia del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, luego de que su nombre apareciera entre los ciudadanos bolivianos afectados por las nuevas restricciones de visas anunciadas por Estados Unidos.
El pronunciamiento también alcanzó al vocal ordinario Julio Nelson Alba Flores. Saucedo sostuvo que ambos deben dejar sus funciones y someterse a las investigaciones correspondientes, sin recibir un trato privilegiado por su condición de servidores judiciales.
“Recomiendo a los mencionados vocales presentar su renuncia y someterse a la investigación pertinente, sin gozar de ningún privilegio por su condición de servidores judiciales”, manifestó el titular del TSJ a través de sus redes sociales.
Saucedo señaló que la decisión de Washington refleja cuestionamientos sobre la credibilidad de las autoridades mencionadas para administrar el Órgano Judicial departamental. Asimismo, pidió a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz abordar en las próximas horas la conducción de esa instancia.
Las restricciones anunciadas por Washington
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre nuevas restricciones de visas contra 40 personas en Bolivia, en el marco de medidas que presentó como parte de su lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
El Departamento de Estado identificó públicamente a 15 ciudadanos bolivianos, entre ellos legisladores, un exfiscal general, fiscales, jueces y exautoridades policiales. La medida también contempla a sus familiares inmediatos.
Washington afirmó que busca impedir que personas vinculadas con presuntos actos de corrupción y narcotráfico debiliten a gobiernos elegidos democráticamente, independientemente de su afiliación política.
La inclusión en la lista de restricciones migratorias no equivale, por sí sola, a una condena penal. El pedido de Saucedo abre un nuevo escenario institucional en Santa Cruz, donde ahora se plantea la salida de las autoridades judiciales señaladas y el esclarecimiento de los cuestionamientos que motivaron la medida estadounidense.